La competencia energética
Juan E. Iranzo

La garantía de suministro en todo momento debe constituir el principal objetivo de la política energética. España es un país que ha sufrido una constante dependencia energética exterior, como consecuencia de la falta de recursos autóctonos necesarios para hacer frente a la ya conocida evolución económica del país. Este crecimiento económico que se ha venido experimentando en los últimos años ha incrementado esa tasa de dependencia de manera sobresaliente, en concordancia con el aumento del consumo energético final para el desarrollo industrial y el uso privado. Como consecuencia de ello España se sitúa con una tasa de dependencia en torno al 85,1% a finales de 2007. El Petróleo representa más de la mitad de nuestro abastecimiento de energía primaria; procede casi íntegramente del exterior, de un mercado cartelizado por la OPEP. Ahora bien, una de las grandes alternativas al crudo es el Gas Natural.

El suministro de Gas Natural ha evolucionado en los últimos años de manera notable en España, convirtiéndose en un elemento clave para la reproducción de electricidad final, a través de los denominados ciclos combinados que permiten llevar a cabo la generación con una reducción energética del proceso y una clara minimización de impacto medioambiental con respecto a otras tecnologías de obtención de Energía eléctrica para el consumo. España se aprovisiona de sus necesidades de Gas Natural procedente de un abanico relativamente amplio de países, según lo preceptuado en la propia Ley de Hidrocarburos, que indica la necesidad de no someterse a concentración de más del 60% de las necesidades de aprovisionamiento en torno a un único país exportador. Es evidente que el sector del Gas Natural en España ha tenido un fuerte desarrollo en los últimos años, siendo el porcentaje de crecimiento de la demanda de este producto superior a la demanda global energética española. La producción nacional es muy escasa, algo más de 1,2% de la oferta anual, por lo que se hace necesario el aprovisionamiento a través de los gasoductos, y en su caso, a través de los buques metaneros, que cada vez se hacen más necesarios debido al aumento de la demanda de Gas Natural. Gran cantidad del Gas que es importado por España, concretamente una tercera parte, se lleva a cabo a través de gasoductos, principalmente provenientes de Argelia y de Noruega. El resto se recibe directamente de las regasificadoras situadas en la Península (Cartagena, Bilbao, Huelva, Barcelona y Sagunto).

El sector energético ha sido uno de los más afectados por la intervención del sector público en la mayoría de los países desarrollados entre los años sesenta y ochenta del siglo XX. Los problemas energéticos se trataban de resolver mediante la planificación centralizada, en cuyo marco las empresas privadas apenas tenían margen de maniobra. Sin embargo, la nueva regulación ha impulsado la competencia. En efecto, la Ley del Sector Eléctrico de 1997 tiene como objetivo introducir competencia y libertad de empresa en el sector. Los pilares sobre los que se sustenta son los siguientes: a) separación de actividades entre reguladas y no reguladas; b) libertad de entrada en estas últimas; c) derecho de acceso de terceros a la redes; d) libre elección de suministrador y e) creación de un mercado mayorista de electricidad en el que los precios se fijan libremente en función de la oferta y la demanda. La separación de actividades entre reguladas y no reguladas tiene por objeto introducir mayor competencia en aquellos segmentos donde no se presentan problemas de monopolio natural, y que, por tanto, puede funcionar perfectamente en un marco de libertad. En el caso de sector eléctrico, las tareas que pueden funcionar en régimen de competencia conforme al nuevo modelo son las de generación y comercialización, mientras que las de transporte y distribución, por presentar características de monopolio natural debido a que son actividades de red, continúan reguladas con objeto de evitar el abuso de poder de mercado y garantizar un acceso no discriminatorio a las redes para toda las empresas que operan en los segmentos competitivos. Un elemento clave del nuevo sistema lo constituye el derecho de acceso de terceros a las redes de transporte y de distribución. Cualquier comercializador podrá utilizar las redes de distribución instaladas en la zona donde se encuentren sus clientes para hacer llegar a éstos la electricidad que han adquirido. Para ello deberán pagar a su propietario, que tiene la obligación de permitir el acceso a las mismas, un canon o peaje cuya cuantía será fijada administrativamente para evitar el abuso del poder de monopolio derivado de la existencia de una única red.

La Ley del Sector Eléctrico establece, asimismo, la separación jurídica entre las actividades reguladas y las liberalizadas, de tal modo que, dentro de una misma empresa, no se pueden realizar conjuntamente actividades reguladas y no reguladas. No obstante, el mismo grupo empresarial sí puede operar en ambos segmentos mediante empresas jurídicamente independientes y mantener una separación contable de sus operaciones.

Asimismo, la Ley del Sector de Hidrocarburos de 1998 (LSH) supone la liberalización del sector y la creación de un nuevo sistema cuyo funcionamiento es similar al del eléctrico. Se establece una distinción entre las actividades que pueden desarrollarse en régimen de libre competencia y las actividades reguladas, encontrándose dentro del primer grupo la posición, la producción y la comercialización del Gas Natural, mientras que las actividades de regasificación, almacenamiento, transporte y distribución serían sometidos a regulación, y su retribución fijada administrativamente. Los distribuidores deberán hacerse cargo del suministro de gas a los clientes que permanezcan a tarifa y permitir el acceso a sus redes a comercializadores y clientes cualificados.

En este contexto de fuerte dependencia exterior en los abastecimientos energéticos, la fusión Gas Natural – Unión Fenosa permite mejorar su capacidad de negociación en los mercados internacionales, puesto que aumenta su poder de demanda en los abastecimientos de gas, lo que redunda positivamente en la mejora de la garantía de suministro. En el mercado nacional se crea un operador mayor, lo que permite, con la regulación actual, mejorar el grado de competencia, sobre todo en el sector eléctrico, lo que redundará positivamente en los consumidores.