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Juan Velarde Fuertes
Breve meditación,
el 12 de Octubre sobre Iberoamérica
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Como una especie de elogio a dos investigadores fundamentales
de la economía española, ambos directísimamente
vinculados a Valencia, Perpiñá Grau y Torres
Martínez, el 12 de octubre de 2004, contemplé
en un trabajo destinado al periódico valenciano “La
Voz”, la serie de la divergencia de la economía
iberoamericana y la española. Las cifras son verdaderamente
significativas, basándonos en las estimaciones en dólares
Geary-Khamis para homogeneizar los datos macroeconómicos
espacial y temporalmente. Los quince países más
importantes de la región iberoamericana –esto
es, todos, salvo Panamá, Nicaragua y Paraguay- en 1950
tenían como media, según las estimaciones ofrecidas
por Angus Maddison en su trabajo “The World Economy:
Historical Statistics” (Development Centre Studies,
OECD, 2003), un PIB por habitante que era el 79’9 del
español; en 1960, el 66’9%; en 1970, el 41’0%;
en 1980, el 34’4%; en 1990, el 27’8%, y en el
primer año del siglo XXI, el 2001, el 22’9%.
Esta significativísima serie nos dice que el conjunto
iberoamericano ha perdido, tras la II Guerra mundial, su carrera,
no sólo con España, sino con el mundo más
adelantado. En 1950 tenían un PIB por habitante mayor
que el español, Argentina, Chile, México, Perú,
Uruguay y Venezuela. En el 2001, ni un solo país iberoamericano
sobrepasa el PIB por habitante español. Chile es el
que lo tiene más alto, pero aun así es el suyo
sólo el 63’9% del español.
En mi artículo en “La
Voz” destacaba cómo una de las causas de eso
era que España, en vez de seguir el cierre frente al
exterior, cambió el rumbo totalmente, abandonó
el sendero castizo y siguiendo el consejo de los Torres y
los Perpiñá, que tenían seguidores en
toda España, en 1959 emprendió, hasta ahora
mismo, el camino de la apertura. En cambio Iberoamérica,
como consecuencia de las prédicas del estructuralismo
económico latinoamericano, con Raul Prebisch a la cabeza,
pero con epígonos en todos los países, se cerró
para tener un desarrollo hacia dentro. Aldo Ferrer en su libro
“Vivir con lo nuestro” acertó a señalar
la esencia de esa política.
Dentro del panorama macroeconómico
esto afecta a los enlaces de las balanzas exteriores, pero
también ha contribuido a esa decadencia algo que diferencia
a Iberoamérica y a España: el haber sido capaces
los españoles de llevar adelante una reforma tributaria,
la Fuentes Quintana-Fernández Ordóñez
de 1978, que siguió al Pacto de La Moncloa. Sin esa
decisión, hoy en España reinaría el caos.
Fue posible tener más gasto público y aun así,
equilibrio presupuestario.
Nada de eso sucede en Iberoamérica.
Acaba de aparecer, en “Política Exterior”,
septiembre-octubre 2004, un excelente artículo de Manuel
Hernández Ruigómez, “Modernización
del Estado y crecimiento. La necesaria reforma fiscal”,
donde plantea la realidad iberoamericana. Uno de los principales
motivos de su decadencia económica –y en los
otros órdenes, también- es, para Hernández
Ruigómez, “la debilidad del Estado y de sus instituciones”.
La raíz de ello se halla en la “carencia básica
de recursos para dar seguridad en las calles a sus poblaciones,
para crear infraestructuras, para contar, en fin, con una
función pública profesionalizada, con un sistema
judicial independiente. Es decir... en América Latina,
el instrumento fiscal se ha descuidado irresponsablemente...
Sólo Costa Rica, Brasil y Chile –tímidamente-
han puesto en marcha esta necesaria reforma... Por añadidura,
en (estos)... casos... el proyecto presentado... ha sido sustancialmente
rebajado en el debate parlamentario”. En México,
la reforma fiscal planteada por el presidente Fox, fue arrumbada
por el poder legislativo, dominado por el famoso PRI que tanto
admiran algunos políticos españoles.
Y añade Hernández
Ruigómez: “En Latinoamérica, donde la
presión fiscal ronda el 12%... ni siquiera es éste
un asunto que ocupe las páginas de los medios de comunicación”.
Como señaló el buen economista guatemalteco
Gert Rosenthal, al recibir el doctorado “honoris causa”
por la Universidad de San Carlos, la más antigua y
venerada del país, la mezcla de baja renta y de minúscula
presión fiscal, impide pensar en que el Estado pueda
ser un factor impulsor del desarrollo. Cuando lo intenta,
convierte en un colosal deudor a la nación, crea inflaciones
y hace que las instituciones internacionales y ciertos países
se conmuevan y concedan ayudas. Esto es, como señala
Hernández Ruigómez, “hay que decirlo claro:
si la cooperación sigue siendo necesaria en América
Latina, es porque la sociedad que la reclama, y la recibe,
no hace sus deberes recaudatorios”, y añade:
“Desde una perspectiva ideológica, sería
hasta cierto punto normal que este silencio en torno a la
necesidad de una reforma fiscal lo fomentaran los partidos
conservadores, debidamente estimulados por los grupos sociales
y económicos complacidos con la situación reinante.
Pero no, esta especie de silencio cómplice,... la aparenta
abulia con respecto a la reforma fiscal se encuentra también
en los partidos socialdemócratas, en los socialistas,
e incluso en los de la izquierda radical y rupturista”.
Agréguese la corrupción
–los ricos conceden “donativos a todos los partidos
contendientes sin excepción... (por lo) que, gane quien
gane, los dirigentes políticos, las mayorías
parlamentarias –las minorías permanecen silentes-,
se encuentran con las manos atadas para aplicar esta o aquella
estrategia de actuación contraria a los intereses de
los donantes”.
Y con esos mimbres es imposible
construir un cesto de desarrollo adecuado. Complétese
con gotas, e incluso con chorros de herencia del estructuralismo
económico iberoamericano, y el fracaso ante el reto
del desarrollo estará asegurado.

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