Los presupuestos son voluntaristas
Juan E. Iranzo

Los presupuestos constituyen la plasmación legal y contable del programa económico del gobierno; por lo que los del 2005, adquieren especial interés, puesto que no está definida claramente la política económica del nuevo gobierno.

Hay que considerar positivo, que de partida, mantengan la estabilidad presupuestaria y apuesten por mejorar la productividad de nuestra economía.

Sin embargo el estudio pormenorizado de los mismos, introducen importantes dosis de incertidumbre, en cuanto al cumplimiento de los objetivos anteriores.

El cuadro macroeconómico estableciendo un crecimiento del 3%, se basa en un precio del petróleo de 33,5 dólares el barril y una clara expansión de las exportaciones.

Sin embargo las previsiones para el próximo año consideran más verosímil, un barril a 40 dólares.

Asimismo las exportaciones dependerán especialmente de un claro despegue de Francia y Alemania, que la Comisión Europea ya está revisando a la baja.

Por ello es difícil que la economía española crezca más del 2,5% en el 2005.

Este menor crecimiento del PIB junto con unas expectativas de ingresos por IRPF y Sociedades de difícil cumplimiento pueden provocar un aumento del déficit público, por incumplimiento en los ingresos.

Por el lado del gasto, los Presupuestos son claramente expansivos y procíclicos, por lo que deben valorarse negativamente, en la medida en que aumentan la presencia del sector público en la economía, distorsionando la asignación de recursos y perjudicando el crecimiento económico a largo plazo.

Asimismo, el aumento del gasto corriente por encima de los de capital, junto con la ausencia de nuevos proyectos significativos de inversión y el parón que se ha contemplado en otros, como el PHN, no parece muy coherente con el principal objetivo de los Presupuestos, que no era otro que la mejora de la productividad, lo que puede agravar este problema en el futuro, máxime cuando cada vez será más difícil acceder a los fondos procedentes de la UE.

Por tanto, asistimos a aumentos del gasto público estructural que no responden a las necesidades reales de nuestra economía, que debe ser la competitividad como mecanismo para asegurar una creación de empleo sostenible en el tiempo.