Manuel Balmaseda, Jefe del Servicio de Estudios del BBVA para España
Un presupuesto neutral, pero no indiferente

A finales del pasado mes de septiembre se inició la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2005 (PGE05), el principal instrumento de política económica del Sector Público. La política presupuestaria trata de satisfacer tres principios. En primer lugar, eficiencia en la asignación de recursos al asumirse la existencia de fallos de mercado. En segundo lugar, equidad en la distribución de la renta de acuerdo a las preferencias de la sociedad, reveladas por el proceso electoral. Finalmente, se trataría de estabilizar el ciclo económico, reducir su volatilidad, aunque como señalé la semana pasada, en mi opinión los ciclos son óptimos, permiten corregir los excesos de uno u otro sentido cometidos en cada una de sus dos etapas, expansión y contracción. En este sentido, la política presupuestaria debería actuar sobre el ciclo únicamente a través de los estabilizadores automáticos, como por ejemplo los pagos por desempleo, evitando decisiones discrecionales.

El indicador más directo para evaluar la actuación estabilizadora del Sector Público es el saldo presupuestario. Según las estimaciones del Gobierno, el conjunto de las Administraciones Públicas (AA.PP.) cerrará el ejercicio 2004 con un déficit observado del -0,5% del PIB, frente al superávit del 0,4% en 2003. Aparentemente, ello supone un significativo deterioro de las cuentas públicas. Sin embargo, un análisis riguroso exige considerar el carácter excepcional de algunas de las medidas, incluidas en el Plan de transparencia de las cuentas públicas de julio de 2004. La de mayor importancia cuantitativa es la asunción de la deuda de RENFE, que supone siete décimas del PIB. Si se excluye esta partida, el saldo de ingresos y gastos estrictamente propios del ejercicio 2004 resultaría ser un superávit del 0,2% del PIB.

El saldo presupuestario está sujeto no sólo a las decisiones discrecionales del Gobierno, sino que también está influido por el ciclo económico. El efecto de éste sobre las cuentas públicas es pro cíclico: las expansiones elevan el superávit público (o reducen el déficit) debido a la mayor recaudación de impuestos y a los menores gastos por desempleo. Por el contrario, las contracciones reducen el saldo público.

Según las estimaciones del Servicio de Estudios del BBVA, la aportación negativa del ciclo económico al saldo presupuestario será de aproximadamente dos décimas en 2004. Por ello, el saldo presupuestario ajustado de ciclo económico - o saldo estructural - se situará en el entorno de un superávit del 0,4% del PIB. Para 2005, los PGE05 recogen un objetivo de superávit de las AA.PP. del 0,1% del PIB. Si se cumple este objetivo y se emplean las previsiones del Servicio de Estudios del BBVA del déficit cíclico (de nuevo dos décimas del PIB), las cuentas públicas españolas registrarían un superávit estructural del 0,3% del PIB en 2005. Es decir, el “impulso fiscal” que el Presupuesto produciría sobre la economía en 2005 sería de 0,1 puntos del PIB, lo cual supone la aplicación de una política fiscal prácticamente neutral.

Para determinar la consecución de los objetivos de las políticas públicas no sólo importa el tamaño del propio saldo presupuestario, la composición de las partidas de ingresos y de gastos es clave para evaluar su contribución a la mejora de la eficiencia y de la equidad de la economía española. Pero esto, se tratará en próximas columnas.