Unos PGE caracterizados por la expansión del gasto corriente

Gregorio Izquierdo Llanes
Director del Servicio de Estudios del IEE
Profesor Titular de Economía Aplicada de la UNED

Los PGE para el 2005 se han hecho ante todo, con la mira en el gasto público corriente, que aumenta el 6,7 por 100, a un ritmo superior tanto al previsto para el producto (6,3 por 100), apostándose así por un aumento procícliclo de la presencia del sector público en la economía. Con todo, hay que reconocer que a pesar de perder la referencia de la austeridad en el gasto, se ha intentado mantener la apariencia del superávit presupuestario, aunque ello haya obligado a su vez a una estimación de los ingresos optimista y condicionada al cumplimiento de un escenario de crecimiento de expansión. De este modo, el Gobierno piensa que el año que viene se puede crecer a una tasa del 3 por 100, basándose para ello en las discutibles hipótesis de que el año próximo el petróleo recorta sus precios hasta 33,5 euros y que la demanda interna absorberá sin excesivos sobresaltos el previsible endurecimiento en las condiciones financieras, cuando lo cierto es que si seguimos el consenso de los analistas, el peso de ambos fenómenos posiblemente reconducirá nuestro ritmo de actividad a niveles más modestos en una cota del orden del 2,5 por 100.

".. el Gobierno piensa que el año que viene se puede crecer a una tasa del 3 por 100.."

En cualquier caso, estos Presupuestos van a deteriorar la calidad del gasto público, ya que el de naturaleza corriente, por vez primera en los últimos ocho años, supera al de capital (6,7 y 4,5 por 100, respectivamente), lo cual no parece muy coherente con el principal objetivo de los presupuestos, que en principio era la mejora de la productividad. Este problema a futuro puede agravarse aún más, si tenemos en cuenta la falta de nuevas iniciativas significativas en este ámbito y el parón que se ha contemplado entre otros proyectos, en el PHN, por lo que una vez culminados los proyectos actualmente en curso, podemos asistir a un gradual declive en este partida, máxime cuando cada vez va a resultar más difícil captar cofinanciación comunitaria. En esta misma línea, es de lamentar que partidas clave desde el punto de vista de la competitividad como es la de promoción comercial e internacionalización de la empresa, crezca sólo un insuficiente 1 por 100, cifra que difícilmente ayudará a solventar nuestro agobiante déficit exterior actual.

Dentro de las partidas de gasto destacan, entre otras, las transferencias corrientes del Estado a las CC.AA., que se incrementan un 10,3 por 100 (ocho puntos más que en el 2004), lo que, sin duda, parece excesivo, ya que puede encubrir las deficiencias que estas últimas han tenido en controlar su gasto sobretodo el sanitario y/o su dejadez en asumir la corresponsabilidad fiscal; el gasto social, que aumenta el año próximo del 9,5 por 100, lo que se explica tanto por la inercia propia del gasto como por discutibles medidas discrecionales como la subida de las pensiones mínimas y el esfuerzo en la inversión en I+D+i, que aumentará un 16,3 por 100, lo que contribuirá a fomentar la generación de conocimientos científicos y técnicos, así como la acción innovadora del sistema productivo, pero que dado su bajo nivel de partida, aconseja concentrar estos recursos en las prioridades más cercanas a las demandas empresariales y no tanto a las ofertas de los centros de investigación que es lo que se ha hecho hasta ahora.

En el lado del ingreso, la presión fiscal de la Administración Central de cumplirse las previsiones de los Presupuestos aumentará en 2005, al crecer la recaudación impositiva (8,6 por 100) a un ritmo considerablemente superior al aumento nominal del PIB (6,3 por 100) con la consiguiente rémora para la estructura de incentivos y costes de los agentes económicos. El problema se agrava si tenemos en cuenta que los tributos directos son los que más crecen (9,8 por 100), con lo que se refuerza el aumento del exceso de gravamen, entendido como nivel de distorsión que la fiscalidad introduce en las decisiones de los agentes económicos. El inconveniente es que en vez de utilizar el sistema fiscal para asegurar la continuidad del ciclo económico actuando con reformas fiscales en aquellos impuestos más vinculados a la inversión como son el Impuesto sobre Sociedades o las Cotizaciones Sociales se intenta aprovechar la mejora de la coyuntura y del empleo para incrementar la presión fiscal efectiva, incurriendo así en el riesgo de incumplir el acertado compromiso electoral del nuevo gobierno de no elevar la presión fiscal a nivel global. En cualquier caso, los ingresos contenidos en los Presupuestos Generales del Estado no dejan de ser previsiones sujetas a posibles desviaciones futuras, que según nuestros cálculos podrían estar sobreestimados en un orden mínimo de 1.000 millones de euros, debido sobre todo, a la desviación a la baja de los ingresos por IRPF y Sociedades, con el consiguiente riesgo sobre el déficit, aunque a cambio se aligeraría algo la subida de presión fiscal.

Por último, hay que destacar que el objetivo del gobierno de mantenimiento del equilibrio presupuestario es acertado, ya que encaja con nuestros compromisos asumidos en el Programa de Estabilidad del Reino de España y está en línea con nuestra actual posición cíclica, aunque mejor hubiera sido un ligero superávit; el reto, ahora será asegurar su cumplimiento en la liquidación. El gobierno debe apostar claramente por el mantenimiento del rigor presupuestario, no solo como garantía de crecimiento y creación de empleo a largo plazo, a través de su impacto sobre las expectativas y la confianza de los agentes económicos, sino también por el papel estabilizador que supone en un contexto de riesgo de apertura de desequilibrios (déficit exterior e inflación), a los que una orientación expansiva de la política fiscal aviva aún más. Sin perjuicio, además, de que el mantenimiento de unas finanzas públicas saneadas es crucial de cara a los importantes retos que va a plantear en las próximas décadas el envejecimiento de la población.