Nº93
Del 28 de Mayo al 3 de Junio del 2003
 


 


 
 


Federico Sánchez Pinilla
, Fiscalista
La fijación del beneficio de empresarios y profesionales en el IRPF

 

 




Los empresarios personas físicas pueden determinar su beneficio, a efectos del IRPF ,por estimación directa, por estimación simplificada y por módulos, según el volumen de sus operaciones y el tipo de su actividad.
  "Para la Administración, la ventaja es aún mayor porque tiene asegurados unos ingresos sin el coste económico que comprobaciones generalizadas llevarían consigo."

Están necesariamente en estimación directa normal aquéllos cuya facturación en el año anterior es superior a 600.000 euros. Son pocos porque, cuando se supera esa cifra de negocio, lo habitual es constituirse en sociedad. El rendimiento lo fijan como las sociedades. Los mismos gastos deducibles que puedan aplicar las entidades, se les permite restarlos a las personas físicas.

En estimación directa simplificada están casi todos los profesionales y muchos empresarios. El beneficio lo fijan como los anteriores, de acuerdo a las normas del Impuesto sobre Sociedades, si bien tienen especialidades en cuanto a las amortizaciones y a las provisiones. Su gran ventaja es que pueden restar como gasto, además de los efectivamente habidos, un 5 por 100 del beneficio resultante.

En módulos están los agricultores que no superan los 300.000 euros de facturación y los empresarios que realizan unas actividades concretas, actualizadas cada año y que no superan la cifra de negocios de 450.000 euros, junto con algún otro requisito especial. Lo característico de su régimen es que el beneficio se les señala en función de las mesas de sus establecimientos, del número de empleados, de los kilowatios consumidos, etc. Módulos más o menos acertados con la realidad, pero que les evitan los problemas de ser objeto de una inspección. Dan por buena la cifra de rendimiento con tal de evitarse esa preocupación. Para la Administración, la ventaja es aún mayor porque tiene asegurados unos ingresos sin el coste económico que comprobaciones generalizadas llevarían consigo y sin perturbar la paz social. Así, no son necesarios múltiples enfrentamientos con los pequeños empresarios que, a la larga, deteriorarían la imagen de Hacienda ante los ciudadanos.