Rafael Termes
Profesor del IESE, Universidad de Navarra
"El precio de la vivienda y el suelo"

Hace tres semanas nos referíamos a las disposiciones que iba a adoptar elGobierno en relación con las pequeñas empresas, el trabajo femenino y lavivienda. Tratados en los dos recuadros anteriores los dos primeros aspectos, se ha publicado en el BOE el Real Decreto-Ley en el que, al lado de las medidas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas (Título I) y de las que afectan al trabajo de la mujer (Título III y disposiciones finales), se trata (Título II) del fomento del arrendamiento de viviendas.

".. la principal causa del encarecimiento de la vivienda es el precio del suelo que en los últimos seis años ha aumentado un 120% y supone la mitad del coste de un piso.."

Desgraciadamente, con independencia del efecto positivo que estas últimas medidas puedan tener, no se aborda en ellas el problema básico que es el precio de la vivienda que, tras haber aumentado más de un 80% en los últimos cinco años, continua disparado con un alza del 15% en el primer trimestre de 2003. La gran preocupación que este hecho produce es tan notoria, que el actual Presidente de la Comunidad de Madrid y candidato a la Alcaldía de la capital ha hecho de ella uno de los pilares de su campaña electoral, aunque las actuaciones que anuncia no son precisamente las adecuadas. Porque de todos es sabido, por más que los políticos de todos los partidos no quieran entrar en ello, que la principal causa del encarecimiento de la vivienda es el precio del suelo que en los últimos seis años ha aumentado un 120% y supone la mitad del coste de un piso.

Y, siguiendo el hilo conductor del problema, la causa está en la escasez de suelo privado, consecuencia a su vez, del intervencionismo pluriforme resultado de la atribución en exclusiva a las comunidades autónomas de las competencias sobre urbanismo, cuyas normas, cada vez más complejas, demoran y encarecen la creación de suelo urbanizable. Hace 15 meses el Círculo de Empresarios, bajo el título "Liberalización del suelo", difundió un documento contundente, cuyas conclusiones, válidas al día de hoy, ponían el dedo en la llaga al decir: "En paralelo a la modificación de la normativa sobre el suelo, es imprescindible un cambio en la financiación de las entidades locales. La utilización de la normativa del suelo como instrumento recaudatorio no se justifica". En efecto, una cosa es financiar las Administraciones Públicas mediante impuestos legalmente aprobados y conocidos, y otra muy distinta, aun dejando al margen los casos de
corrupción, utilizar las calificaciones y recalificaciones del suelo para obtener, en forma opaca, como venimos continuamente denunciando, recursos para financiar toda clase de proyectos de los Ayuntamientos.