Manuel Balmaseda, Jefe del Servicio de Estudios del BBVA para España
España, en campaña

La incidencia del calendario electoral sobre la economía se conoce desde hace décadas. El ciclo político-económico, como se conoce a este efecto, es el resultado del proceso de optimización del gobierno cuando entre sus objetivos, además de la mayor utilidad de los agentes económicos, se encuentra la reelección, lo que introduce distorsiones en sus decisiones. Además, las decisiones de política económica están condicionadas por el perfil político de los gobiernos, como representantes de las exigencias de los agentes económicos. La preocupación por la relación entre el ciclo económico y el electoral aparece porque las decisiones de política económica están condicionadas por el calendario electoral, induciendo fluctuaciones adicionales a las meramente económicas en el crecimiento, la inflación y el desempleo.

"La preocupación por la relación entre el ciclo económico y el electoral aparece porque las decisiones de política económica están condicionadas por el calendario electoral.."

Ello supone que el resultado del problema de optimización dinámica de la asignación del gasto no coincida con el óptimo de Pareto. Es decir, un hipotético planificador social podría asignar el gasto de forma más eficiente. Así, la solución obtenida constituye un "second best". Si la implementación de una determinada política económica tiene un coste a corto plazo, la necesidad de ser elegido para poder implementar dicha política resulta en que o bien no se lleve a cabo o bien haya que compensar el coste a corto plazo con gasto adicional. El proceso electoral condiciona el proceso de implementación y la toma de decisiones, desviándola de su calendario y su magnitud óptimas.

En la economía española, el escaso margen de actuación sobre el presupuesto, al estar la mayor parte del gasto fijado de antemano (en torno al 80%), hace que la política fiscal discrecional tenga una mayor incidencia sobre la construcción. Así, el ciclo político-económico se podría denominar "ciclo político-constructor". Además, la obra civil es ejecutada parcialmente por todos los niveles de la administración pública, por lo que los distintos calendarios electorales, municipal, autonómico y nacional, condicionan las decisiones de gasto en obra civil en función del ámbito de competencia. Todo ello se traduce en una asignación de recursos dinámicamente ineficiente, tanto en el calendario de ejecución como en el destino del gasto.

Este efecto se ha observado en España en los últimos veinticinco años, alternándose periodos de fuerte dinamismo en la construcción, que típicamente coinciden con el punto medio del ciclo político, con periodos de baja actividad, coincidiendo con las elecciones. En los meses previos a la cita electoral la construcción se ralentiza debido a la finalización de obras. La reactivación posterior exige un periodo de planificación, más largo si las elecciones provocan cambios en la gestión pública, que reduce la actividad constructora. La incidencia del ciclo político-constructor parece haberse reducido paulatinamente por el carácter más recurrente de la obra pública (mantenimiento de infraestructuras ya existentes) y la mayor cuantía de ésta financiada fuera del presupuesto por entidades ajenas al ciclo electoral.

Mientras que la decisión de qué gasto público realizar debe estar sujeta al contexto político, como representantes de los agentes económicos, su calendario de ejecución debería ser independiente del ciclo electoral, ajustándose a la asignación eficiente de los recursos requeridos.