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Este nuevo
asalto de dimensión económica de la Unión
Europea ofrece un espacio de estabilidad política,
económica y monetaria de gran atractivo para los ahorradores
o e inversores internacionales.
Igualmente presenta oportunidades para las empresas españolas
en distintos campos como la consultoría y la ingeniería,
la informática y las telecomunicaciones, las infraestructuras
de transporte, los servicios a las Administraciones Públicas
Locales, el turismo o la distribución comercial por
señalar algunos en los que hay consenso.
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Debemos partir de la base que la ampliación de la Unión
Europa a los países de la Europa Central y Oriental constituye,
sin duda, uno de los mayores retos que la UE afronta desde su
creación, y por tanto, asistir a la culminación
de este proceso constituye para cualquier europeísta
una buena noticia.
Sin embargo, se trata de un proceso
muy complejo y son muchos los aspectos trascendentales -el
presupuesto, la política regional y estructural o la
asunción del acervo comunitario- a los que se debe
dar respuesta para que este reto se convierta en realidad.
Además, no podemos olvidar
que las características de los futuros socios no son
ni tan siquiera parecidas a las que presentaban los aspirantes
-España o Portugal- en las anteriores adhesiones. Estos
países han tenido hasta hace muy poco un sistema económico
planificado y su renta per cápita, en comparación
con la media comunitaria, se encuentra muy por debajo de la
de cualquier miembro de la UE.
Por tanto, quedan aún importantes
escollos como son los relativos al coste presupuestario de
la ampliación, que de un modo u otro recaerá
sobre los actuales estados miembro. Además, en virtud
del llamado "efecto estadístico" va a cambiar
notablemente el reparto tanto de los fondos estructurales
y muy especialmente del fondo de cohesión.
En la actualidad España
se encuentra entre los países llamados de la cohesión
por lo que recibe los fondos destinados a este capítulo,
junto con Grecia y Portugal, y por otra parte obtiene de los
fondos estructurales una financiación comunitaria del
75 por ciento ya que una gran parte de su territorio español
está considerada como Región de Objetivo 1.
Con la ampliación, muchas de nuestras Comunidades Autónomas
dejarán de estar consideradas como Región Objetivo
1, con lo que la aportación comunitaria se verá
reducida y casi con toda probabilidad quedaremos excluidos
de los fondos de cohesión.
Además, como representante
del sector agrario no puedo obviar el efecto que sobre algunas
de nuestras producciones continentales (cereales o remolacha)
va a tener la ampliación al este, ya que estos países
representan un potencial muy alto en estos cultivos que competirá
con las actuales producciones comunitarias.
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