Manuel Balmaseda, Jefe del Servicio de Estudios del BBVA para España
Navegando entre dos aguas

Europa ha constituido el punto de referencia en torno al cual se ha desarrollado la política económica española durante los últimos veinticinco años. En este periodo pueden distinguirse varias fases bien diferenciadas. En la primera etapa se produjo una profunda transformación de la estructura económica, sentando las bases para el desarrollo posterior. El programa de reformas acometido tuvo un importante coste en términos de crecimiento y de convergencia (la renta per cápita se redujo 8 puntos, del 81% de la media de la UE en 1975 al 73% en 1986, y la tasa de desempleo pasó del 4,6% al 21%). En este duro periodo de ajuste inicial, Europa, además de ser el objetivo de la política económica, sirvió de excusa para la introducción de reformas que no necesariamente gozaban de respaldo doméstico, pero que eran necesarias para garantizar el crecimiento futuro.

"La política económica española debe encontrar su propio camino. Un modelo que fomente la innovación y el carácter emprendedor, dinamizando la economía, pero manteniendo los rasgos del Estado del Bienestar."

En una segunda etapa, la pertenencia a la Unión Europea se convirtió en el objetivo fundamental de la política económica. La integración con las economías europeas hizo necesario avanzar en el proceso de desregulación y dinamización de la economía, continuando con el proceso de privatizaciones e impulsando la apertura comercial y la liberalización de los mercados de capitales.

El acceso de la economía española a la Unión Económica y Monetaria desde su nacimiento marca la tercera etapa del proceso de integración en Europa. Este objetivo constituyó el fin prioritario de la política económica desde 1996. Su consecución supuso la convergencia nominal de España con Europa y un avance importante en el proceso de convergencia real, lo que se ha visto reforzado por la internacionalización de la economía española, fruto de la mayor apertura exterior y del auge de inversión extranjera directa, tanto en España como de España en el exterior.

Una vez alcanzado este último objetivo, España se ha quedado sin un eje central que guíe la política económica. Europa, espejo en el que nos hemos mirado durante el último cuarto de siglo, ha dejado de ser un marco a imitar. El entorno económico europeo se caracteriza, fundamentalmente, por su rigidez y su escaso grado de liberalización, tanto en los mercados de bienes y servicios como en el mercado laboral. En este sentido, la economía española tiene poco que imitar de estos mercados, habiéndolos sobrepasado en varias dimensiones.

En la búsqueda de un nuevo eje de actuación, los mercados anglosajones presentan mercados mucho más dinámicos y flexibles, con estructuras más eficientes. El tejido empresarial anglosajón se intuye como más innovador, emprendedor y competitivo. Precisamente las cualidades que necesita fomentar la política económica española. Sin embargo, las economías europeas gozan del Estado del Bienestar, que garantiza una red de protección social mínima. España, seguramente, no quiera desprenderse de esta garantía (aunque modificaciones en su estructura sí que serían necesarias).

Por tanto, la política española, por primera vez en mucho tiempo, debe encontrar su propio camino. Un modelo que fomente la innovación y el carácter emprendedor, dinamizando la economía, pero manteniendo los rasgos del Estado del Bienestar, que tanto ha costado construir y que nos ha permitido llegar hasta aquí. Para ello son necesarias las recetas ya conocidas: reformas adicionales de los mercados de bienes y servicios y del mercado laboral y la liberalización del tejido productivo. España tiene que elegir un rumbo propio navegando entre dos aguas.