Presupuesto en crisis

José Barea
Catedrático Emérito de la UAM
Ex director de la Oficina Presupuestaria

En el actual entorno caracterizado por la desaceleración económica y la desconfianza de los agentes a nivel mundial, que están afectando a nuestro país a través del menoscabo de las expectativas y del saldo exterior, es acertado elaborar unos Presupuestos con el objetivo de equilibrio estructural, en la medida en que permite orientar adecuadamente la política fiscal, mediante la acción de los estabilizadores automáticos, dotándola del necesario carácter anticíclico en aras de no alejar nuestro ritmo de crecimiento del nivel potencial. Al mismo tiempo, se fortalece la capacidad de crecimiento de la economía, a través de la mayor confianza de las familias y las empresas, pues se generan expectativas de futuros recortes impositivos, mayor inversión pública y mantenimiento de los niveles de protección social. En este sentido, recortar el gasto social en momentos de incertidumbre como el actual puede acabar agravando la situación. Por el contrario, con el fin de asegurar la viabilidad futura del sistema de pensiones, se avanza en su racionalización y en la dotación del fondo de reserva.

Aunque la previsión de crecimiento para el año próximo recogida en los Presupuestos es algo optimista (2,9 por 100), pues supera en cerca de medio punto la cifra más factible, ello puede ser positivo en la medida en que fortalece la confianza de los agentes en una rápida recuperación. Esta comenzará en los primeros meses del año próximo, en sintonía con la mejora del entorno internacional, por lo que el sector exterior no restará crecimiento, pues tanto las exportaciones, fruto de la desaceleración mundial, como las importaciones, por la menor presión de la demanda interna, se ralentizarán. El consumo de las familias se frenará ligeramente por el mayor ahorro derivado del incierto panorama, la menor creación de empleo y el efecto negativo de las caídas bursátiles, si bien se beneficiará de los menores tipos de interés y de la revalorización de los activos inmobiliarios. La inversión en construcción reducirá levemente su ritmo de actividad por el agotamiento del ciclo inmobiliario y los elevados precios, aunque se beneficiará de los bajos tipos de interés. No obstante, la recuperación de la inversión en bienes de equipo está sujeta a más interrogantes pues, si bien se verá potenciada por las mejores condiciones financieras y las medidas fiscales recogidas en la Ley de Acompañamiento, lo cierto es que los beneficios y las expectativas empresariales continúan debilitándose.

Los Presupuestos están marcados por el impacto del nuevo modelo de financiación autonómica, que constituye una de las reformas estructurales más importantes de los últimos tiempos, en la medida en que contribuirá, por un lado, a moderar las transferencias estatales, caracterizadas tradicionalmente por su inercia alcista y, por otro, a introducir un mayor control y racionalidad en el gasto autonómico, a través de mayores dosis de competencia y corresponsabilidad fiscal, gracias a la cesión parcial de ciertos impuestos. Por el lado del gasto, se trata de un Presupuesto bien orientado puesto que, a pesar de que continúa racionalizándose su participación en la economía, mejora su estructura cualitativa pues el gasto de capital crece por encima del de naturaleza corriente donde, además, se introducen importantes medidas para atajar su tendencia incrementalista. Se da prioridad, como en años anteriores, a la inversión, tanto en capital físico como humano y tecnológico, fundamental para continuar con el proceso de convergencia real con Europa, incrementar la competitividad de nuestras empresas e incentivar la innovación y la aplicación de las nuevas tecnologías. Por lo que respecta a los ingresos, también mejoran su estructura, pues se reduce la presión fiscal y el peso de la imposición directa, siempre en términos homogéneos. En la medida en que pueden fortalecer la actividad empresarial y la generación de empleo, máxime en una situación de incertidumbre como la actual, destaca el adelanto de algunas medidas de la próxima reforma del Impuesto sobre Sociedades, como la ampliación del régimen de las PYMES, el mejor trato fiscal para las plusvalías reinvertidas o la mejora de las deducciones por inversión en I+D+I y aportaciones a planes de empleo.

El objetivo de equilibrio para el conjunto de las Administraciones Públicas es coherente con lo estipulado en la nueva Ley General de Estabilidad Presupuestaria, si bien es cierto que el riesgo de incumplimiento, a través de menores ingresos y mayores gastos, es mayor que en años precedentes por la delicada situación internacional. Sin embargo, las estimaciones del Gobierno, tanto de ingresos como de gastos, parecen descontar esta contingencia, por lo que el déficit provocado por el empeoramiento del ciclo, de producirse, no será significativo (en torno a dos décimas del PIB). Ello, además, no sería contraproducente, en tanto en cuanto sea consecuencia de nuevos recortes tributarios encaminados a impulsar la recuperación de la actividad sin deteriorar las expectativas de los agentes. Y es que la corrección del déficit estructural que se ha acometido en los últimos años permite afrontar en las mejores condiciones la situación actual de menor crecimiento.