Rafael Termes
Profesor del IESE, Universidad de Navarra
"La culpa no es del Ministro de Defensa"

El trágico accidente que, al ocasionar la muerte de 62 militares españoles que regresaban de una misión humanitaria, ha llenado de luto a las Fuerzas Armadas y de dolor a los familiares de los fallecidos, ha tenido un fuerte impacto en la opinión pública. No son pocos los que, al especular sobre las causas del accidente, acusan al Ministro de Defensa por haber utilizado un medio de transporte, alquilado, con excesivos años de antigüedad y escasas, por no decir nulas, garantías de seguridad. Y sin embargo, hay que decir, aunque a los políticos de todos los partidos no les guste, que la culpa es de la errónea concepción del llamado estado social que impera en casi todos los países de la Europa continental y que, digan lo que digan las Constituciones, no es en realidad un estado de derecho. Basta recurrir a los Presupuestos de Gastos para ver el aprecio o, mejor, el desprecio de todos estos países hacia las funciones primigenias del Estado de Derecho.

".. en España, y en toda Europa también, a los que aprueban los presupuestos les interesa cultivar el voto de los pensionistas y subsidiados de todas clases y les importa un bledo la defensa del territorio.."

El caso de España proporciona una evidencia paradigmática. Desde hace muchos años, la asignación presupuestaria para relaciones con el exterior, defensa del territorio patrio, orden interior y seguridad ciudadana, administración de la justicia y recaudación tributaria, que son las funciones para las cuales fue concebido el Estado y las que justifican su existencia, no representa más que el 7 por ciento del gasto total. Concretamente, en el Presupuesto para 2003, ante un gasto total de 211.500 millones de euros, la asignación a las funciones reseñadas asciende tan sólo a 15.000 millones, es decir, un 7,1% del total, contra un 48,3% para un muy discutible gasto social. El resto, excluido el 9,3% para intereses de la deuda acumulada por culpa del excesivo déficit, corresponde a la financiación de actividades que, en su mayor parte, podrían ser realizadas más eficazmente por el sector privado, descargando los Presupuestos del Estado.

Viniendo al caso de la Defensa, en el Presupuesto para 2003, la asignación para este cometido representa tan sólo el 2,9% del gasto total, lo que equivale al 0,85% del PIB, y es, a todas luces, insuficiente para el digno ejercicio del cometido asignado a las Fuerzas Armadas. Es evidente que, aún sin recortar el gasto público total, cosa que no le vendría nada mal a la economía española, cabe transferir recursos desde el gasto mal llamado social y de otras partidas que no se justifican, hacia la financiación de la Defensa para que nuestras valiosísimas y altamente preparadas Fuerzas Armadas, dispongan de medios adecuados para que, en expresiva frase de Martín Ferrand, no tengan que "ir a la guerra en chárter". Desgraciadamente, no parece la tendencia: entre el Presupuesto de 2002 y el de 2003, frente a un crecimiento del 8,5% en el gasto total, del 7,1% en las pensiones y del 19,9% en el desincentivante subsidio de desempleo, el crecimiento previsto en Defensa es de un vergonzoso 0,9%.

Y ¿por qué es así?. Pues sencillamente porque en España, y en toda Europa también, a los que aprueban los presupuestos les interesa cultivar el voto de los pensionistas y subsidiados de todas clases y les importa un bledo la defensa del territorio -que los odiados americanos ya asumirán- y les importa todavía menos la situación de los militares que, educados en la austeridad de los valores castrenses, no se sublevarán ni manifestarán aunque les falte lo más indispensable. Así de penoso.