Nº60
Del 5 al 18 de Junio del 2002
 
 


 
 


 

  - CCOO:
    - Manuel Moratiel,
Empresario:
 
1. ¿Considera adecuado la aprobación por decreto de la reforma del paro?
 

Pensamos que se utiliza el decreto ley de manera inconstitucional, porque solo se utiliza esta vía cuando se dan razones de extraordinaria y urgente necesidad que no aparecen por ninguna parte en este caso. Los despedidos ilegalmente dejarán de cobrar el salario de tramitación; la creación de un sistema contributivo para los eventuales del campo que tendrán que reunir un año de cotizaciones para tener derecho a desempleo, es una condición perversa dada la severa eventualidad que afecta a los jornaleros, y quitar a los fijos discontinuos la posibilidad de cobrar el desempleo y contabilizar la vivienda o la indemnización para ser incompatible con el cobro del seguro de desempleo a los parados de más de 52 años son recortes injustificables en un sistema de protección por desempleo que pagan los trabajadores con sus cuotas y que además, tiene superávit.





Aunque tengo dudas sobre si el procedimiento de la reforma es el más adecuado puesto que siempre he sido un hombre de consenso, sí estoy a favor
del planteamiento que subyace a nivel estructural en dicha reforma. El índice de paro asciende a más de un millón de personas sin que ello sea la consecuencia de una reducción real en los puestos de empleo.
Prueba de ello la encontramos en el sector del transporte en el que la oferta de empleo para personal cualificado es superior, hoy por hoy, a la demanda de los trabajadores.
 
2. ¿Considera necesaria la huelga ?
 

Si, porque el Gobierno no ha querido que hubiera ninguna discusión y la prueba es que ha aprobado la reforma por un real decreto ley. Estas medidas no benefician ni a los trabajadores ni al país, promueven un cambio del clima social, que los últimos seis años ha sido muy positivo, que era bueno para la sociedad y para la economía, y evidentemente tienen que ser respondidas porque la Constitución da derecho a responder. El Gobierno sabía que los recortes eran innegociables y que los trabajadores tendrían que responder con una huelga general.






Como empresario, nunca puedo considerar necesaria una huelga general ni aprobar el paro generalizado como medida de presión. Por otra parte considero que en este caso, el momento que vive España y, especialmente, la coyuntura del fin de la presidencia española de la Comunidad Europea aleja esta protesta de su verdadero contenido social o laboral.