Una huelga irracional

Lorenzo Bernaldo de Quirós
Presidente de Freemarket International Consulting

La falta de acuerdo entre el gobierno y las centrales sindicales para la reforma del sistema de protección al desempleo se ha traducido en un decreto-ley a través del cual el gabinete Aznar ha sacado adelante su proyecto. Aunque éste parece ser el detonante de la huelga general del próximo 20-J, sus motivos son mucho más amplios como han reconocido los propios sindicatos: una movilización contra la política social y económica del ejecutivo. Para decirlo con claridad, las centrales y sus compañeros de viaje, PSOE e IU, pretenden conseguir en la calle lo que no han logrado en el Parlamento y en las urnas. Este es el fondo de la cuestión y trasciende a las protestas sindicales contra la modificación del modelo se protección al desempleo.

Nadie en su sano juicio puede oponerse a que un parado pierda su subsidio si rechaza trabajar; ninguna persona sensata puede oponerse a la paulatina supresión del PER convertido en un pozo de corrupción que además sujeta a sus beneficiarios a la "tierra" como los viejos siervos de la gleba y les acostumbra a vivir del subsidio a perpetuidad. Los ejemplos podrían multiplicarse. Cuanto más cuantioso y más duradero es el subsidio de paro, menores son los incentivos de los desempleados para buscar y/o aceptar un puesto de trabajo y mayor la tasa de paro de larga duración. Esta afirmación está avalada por la teoría económica y por una abrumadora evidencia empírica. En consecuencia, la reforma de la protección al desempleo es una política básica para crear puestos de trabajo y recortar el paro.

Desde esta óptica, la oposición de los sindicatos a la reforma es irracional y la del PSOE incoherente ya que fue el gobierno socialista, Griñán, quien introdujo los primeros recortes al vigente modelo de protección al desempleo. Se trata pues de una huelga política y debe ser tratada como tal. Ahora bien, los intentos de revocar por la fuerza la política de un gobierno elegido por los ciudadanos y con mayoría absoluta en las Cámaras constituye un desprecio absoluto, un atentado a los principios sobre los que se asienta una democracia. Corresponde al ejecutivo no a los sindicatos ni a la oposición gobernar el país, desarrollar el programa votado por los electores. Si UGT y CC.OO. desean cambiar la política gubernamental que se presenten a las elecciones o sus aliados incluyan sus propuestas en sus plataformas electorales.

En todo caso, la convocatoria de huelga pone de relieve el anacrónico e injustificable papel desempeñado en España por unas organizaciones sindicales sin apoyo real de las trabajadores, la afiliación es el 10 por 100 de la fuerza laboral, y cuya posición en la escena española se sustenta en la concesión de privilegios legales y dinero del presupuesto. Es hora de revisar esta situación. Los contribuyentes no tienen porqué pagar con sus impuestos las nomenclaturas sindicales ni sus actividades. Esta forma indirecta de "sindicación obligatoria" debe terminar. Los sindicatos deben financiarse con las cuotas voluntarias de sus aliados.

Por lo que se refiere al PSOE, su actitud resulta oportunista y suicida. Oportunista porque se suma a una huelga general que contradice su antigua gestión de gobierno; suicida porque destruye la credibilidad de la formación socialista como una oferta moderada de centro. En la práctica, Rodríguez Zapatero ha reconstruido la alianza con los sindicatos que se quebró con las políticas social-liberales de los primeros gabinetes de Felipe González, lo que supone un claro retroceso, una errónea y peligrosa vuelta al pasado. La modernidad de Zapatero queda en nada cuando aparece en la foto con los viejos dinosaurios sindicales.