Manuel Balmaseda, Servicio de Estudios BBVA
"Fumata" blanca

La prórroga para 2003 del Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva, firmado por los empresarios y los agentes sociales el año pasado, supone una buena noticia. En particular, dado el contexto económico en que se alcanza. En el entorno internacional la probable guerra en Iraq, o riesgo geopolítico, como guste denominarlo, está generando una elevada incertidumbre sobre las perspectivas económicas futuras. En lo nacional, la actual fase de desaceleración y la elevada inflación componen un cocktail explosivo para la negociación de rentas. La primera haciendo aparecer el fantasma de la destrucción de empleo, escondido desde hace ya años. La segunda eliminando las ganancias salariales reales negociadas por los agentes. En síntesis, el acuerdo supone que en la negociación de los convenios laborales se intercambie moderación salarial por mejoras en el empleo, intentando emular los éxitos conseguidos en 2002, en plena fase de desaceleración económica.

"Los empresarios y agentes sociales pretenden "dar una señal de confianza" en un momento de particular incertidumbre, como ya hicieran hace un año a pocas semanas de los atentados del 11 de septiembre de 2001."

Los empresarios y agentes sociales pretenden "dar una señal de confianza" en un momento de particular incertidumbre, como ya hicieran hace un año a pocas semanas de los atentados del 11 de septiembre de 2001, y en un entorno nacional complicado. En este sentido, el acuerdo ha de valorarse positivamente, y más si se consideran los resultados que en términos de crecimiento de los salarios se han producido en 2002. El año pasado, la subida salarial negociada en los convenios colectivos registrados hasta noviembre fue del 3,1%, por debajo de las cifras del año anterior, 3,5% (3,7% si se incorpora el efecto de las cláusulas de salvaguardia de poder adquisitivo), lo que no ocurría desde 1998. Además, la inflación media fue del 3,5% en 2002, sólo una décima menos que en 2001, pero con un perfil alcista a lo largo del año. En 2003, no será muy inferior, situándose en el entorno del 3,3%. Así, el acuerdo supone una apuesta por la moderación salarial (se ligan los aumentos a la inflación prevista -2%- más parte de la mejora de productividad, aunque con cláusulas de salvaguardia), receta que supuso el factor impulsor más importante de la última fase expansiva.

La práctica estabilidad de la inflación en 2002, si bien la percepción ciudadana fue de incrementos muy superiores, fue debida, en gran parte, al redondeo de los precios por la entrada del Euro. Ello, unido a la moderación nominal de los salarios, se tradujo en un incremento de los márgenes empresariales, lo que debilitaba la posición negociadora de los empresarios ante la prórroga del acuerdo en 2003. Y, sumado a la pérdida de credibilidad del 2% como inflación prevista, ha supuesto acordar la incorporación en los convenios de cláusulas de salvaguardia del poder adquisitivo. La generalización de estas cláusulas supone una indiciación a posteriori de rentas que contribuye a convertir choques transitorios sobre los precios, como los derivados de las subidas del precio de la energía, en duraderos, pudiendo degenerar en una espiral precios-salarios. Asimismo, estas cláusulas, que aíslan a parte de la sociedad del impacto que choques de oferta puedan tener sobre el conjunto del tejido productivo, merman la capacidad competitiva de la economía.

En suma, el acuerdo de rentas prorrogado es importante porque destaca la importancia que para empresarios y sindicatos tiene una evolución acompasada de salario y productividad. Aún así, habría que plantear objetivos de crecimiento salarial "ambiciosos", es decir, referenciados a la inflación esperada en la UEM, nuestro mercado de referencia. Ello permitiría eliminar el deterioro continuado que para la competitividad de la economía española supone el diferencial sostenido de inflación y salarios y facilitar las condiciones de crecimiento de actividad y empleo a medio plazo. Además, los acuerdos de rentas periódicos son una solución transitoria para ajustar salarios y productividad, que deben ser revisados y negociados continuamente. En este sentido, la propia reforma de los mecanismos de la negociación colectiva entre los agentes sociales, anunciada intermitentemente por el Gobierno, podría ser una herramienta más apropiada.