La figura de crédito responsable está mal articulada

Pedro Guijarro Zubizarreta
Presidente de Asnef

El Presidente de Asnef, D. Pedro Guijarro Zubizarreta, explicó en las jornadas celebradas el pasado día 30 de enero, en el Hotel Wellington, sobre el Crédito al Consumo, las consecuencias que, a su juicio, podría acarrear la propuesta de la Comisión Europea de modificación de la actual directiva. La consideración de los comerciantes como intermediarios de crédito, el alargamiento del derecho de desistimiento por parte del consumidor y la declaración de solidaridad entre el vendedor y el financiador podría tener como consecuencia la disminución del acceso por parte del consumidor a la adquisición de bienes y servicios, dado que conllevaría una dificultad adicional para la tramitación de las operaciones de intermediación financiera. Esto, a la postre, podrá repercutir, sin lugar a dudas, a una merma en el consumo privado y, por tanto, en el desarrollo de la economía del país.

El presidente de Asnef, D. Pedro Guijarro, comenzó su intervención referiéndose a la eficiencia del sistema actualmente existente, en el que el tráfico mercantil se ve beneficiado por la definición de los papeles que juegan en la misma sus tres actores, fundamentalmente el comerciante, el consumidor y el financiador. A partir de este punto es desde el que se piensa que debería profundizarse para lograr su optimización, pero teniendo mucho cuidado con que su modificación no suponga un perjuicio para el conjunto de la actividad económica.

La equiparación del comerciante con un intermediario de crédito sin lugar a dudas perjudicaría a éstos en su particular circuito, dado que se someterían a una serie de obligaciones y responsabilidades, tales como la inscripción en el Registro en el Banco de España, que les retrasaría en el desarrollo de su actividad. El comerciante todo lo que hace es vender bienes y servicios, sin tener que asumir ninguna responsabilidad por la intermediación en operaciones de crédito. De otra forma dejará de ofrecer la financiación de productos, lo que conllevaría la dificultad en el acceso rápido al crédito.

Igualmente, podrían dificultar el sistema tan eficiente que actualmente existe, las otras novedades que se introducen en le proyecto, como es el plazo de 14 días para desistir de la operación y la asunción de una responsabilidad solidaria por parte del intermediario financiero. Todas estas medidas implicarían cambios operativos engorrosos que, al conllevar un mayor riesgo, tendrían como resultado final el encarecimiento del crédito y la mayor dificultad de acceso por parte del consumidor a los bienes y servicios.

Igualmente, la figura de crédito responsable, entiende D. Pedro Guijarro, está mal articulada, dado que no parece razonable que toda la carga de la prueba del cumplimiento de este principio recaiga sobre la entidad financiera, exonerando de ella al consumidor final. Lo que si es cierto es que cuanto mayor sea la información y más trasparencia haya en la comunicación, más fácil será para el consumidor elegir la operación más adecuada a sus necesidades, y es en este punto donde debería fijarse la directiva.

Finalmente también se refirió el Sr. Guijarro, a la importancia del tratamiento de los datos personales del consumidor. Las limitaciones que se introducen a este respecto inciden claramente en la capacidad de gestión de los contratos de crédito, dificultando sobre todo, alcanzar los principios que se establecen en el acuerdo de Basilea 2, que exigen un sistema muy sofisticado de seguimiento del riesgo a efectos de cálculo de recursos propios.

El hecho de limitar la capacidad del tratamiento de datos incidirá en unos mayores requerimientos de recursos propios y, por tanto, en el encarecimiento de las operaciones de crédito.

En opinión del Sr. Guijarro, y para concluir, manifestó la necesidad de cuidar la relación que actualmente existe entre consumidor, comerciante y financiador, que ha sido la base del desarrollo de la actividad del crédito al consumo de los últimos años y que ha demostrado su eficiencia sobradamente.

Cualquier medida de sobreprotección del consumidor podría, en contra de lo que pueda parecer, convertirse en perjuicio para el conjunto de todos ellos.

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