Rafael Termes
Profesor del IESE, Universidad de Navarra
"Seguridad privada a falta de seguridad pública"

Los datos sobre las empresas privadas de seguridad ponen de relieve el fuerte crecimiento de su actividad, hasta tal punto que, en este mismo año, sus efectivos superarán a los de la policía nacional. Es una manifestación más de la capacidad de la iniciativa privada para descubrir los nichos de negocio. Pero es lamentable que el hueco producido sea consecuencia del abandono por parte del Estado de una de sus más características responsabilidades. En efecto; la seguridad ciudadana y el orden público, junto con las relaciones con el exterior, la defensa del territorio y la administración de la justicia, así como la elaboración de un marco legal, son las funciones primigenias del Estado, aquellas por las que se justifica y fue creado. En todo lo demás, la función del Estado es meramente subsidiaria, es decir, su misión es hacer aquello que la iniciativa privada no hace y sea necesario hacer.

".. el Estado pretende hacer lo que no le corresponde y no hace o hace mal precisamente aquello que debe hacer.."

Pero en la desfiguración del papel del Estado, no sólo en España, sino en todos aquellos países en los que la ideología socialista, socialdemócrata, constructivista, intervencio-nista, con la hipertrofia del pretendido Estado de Bienestar, ha imperado, lo que sucede es que el Estado pretende hacer lo que no le corresponde y no hace o hace mal precisamente aquello que debe hacer. El reflejo de esta deformación aparece clara en los Presupuestos de las Administraciones Públicas. En lo que respecta a España, la asignación presupuestaria para seguridad ciudadana representa tan sólo el 2,6% del gasto total. Si se le añade justicia, defensa, exteriores, cortes generales y administración tributaria, el gasto para realizar lo que el Estado debería hacer asciende al 7,2% del gasto total. El restante 92,8% corresponde al llamado gasto social y demás actividades que es muy dudoso competan a la misión propia del Estado.

No es pues raro que en España la justicia no se administre en los plazos requeridos para garantizar el buen desarrollo de las relaciones entre los ciudadanos y que éstos, ante la falta de seguridad física debida a la escasez de medios del Ministerio del Interior, se vean forzados a contratarla con empresas privadas, con un coste que no tienen por qué asumir. Así es, ya que los impuestos que pagan les proporcionan el derecho a recibir en forma eficiente, la seguridad personal y el orden público de manos del Estado, el cual, en cambio, emplea los impuestos, con fines electoralistas, en lo que no debiera.