Manuel Balmaseda,
Economista Jefe para España del Sevicio de Estudios del BBVA
Las pensiones, de cigarras a hormigas

Una vez más, desde Bruselas, se ha trasladado a la sociedad española la necesidad de reformar el actual sistema de pensiones en España, que garantice su viabilidad futura. Países como Alemania e Italia ya han comenzado a tomar medidas y otros países, como Francia, lo harán antes del verano.

"Es necesario que los agentes sociales olviden sus intereses particulares e iluminen el debate sobre la reforma del sistema de pensiones."

A veces una parábola ayuda a comprender la situación. El sistema público de pensiones en España es como la persona que aparentemente goza de muy buena salud, pero que está desarrollando cáncer. ¿No estaríamos todos de acuerdo en que debería someterse a quimioterapia para eliminar el tumor? El sistema de pensiones no supone, todavía, un cáncer para la economía española, pero, como no cambie su dieta pronto, necesitará quimio en el futuro.

Pero, en España, el debate en torno a "las pensiones" está caracterizado por la irresponsabilidad del conjunto de agentes sociales. Es necesario que se reconozca ante la sociedad que existe un problema grave para el pago futuro de las pensiones, que no puede resolverse sin la adopción de medidas dolorosas a corto plazo. De entrada, debe reconocerse que el traslado de la carga de las pensiones a las generaciones futuras no sólo es insolidario, sino que es injusto y de difícil justificación. Existe, en la actualidad, un amplio consenso sobre la estabilidad proporcionada por el equilibrio presupuestario y la solidaridad del acometido, al no aumentar la deuda pública a la que deberán hacer frente futuras generaciones. Las pensiones constituyen un problema similar. Entonces, ¿por qué se ha conseguido este amplio consenso entorno al equilibrio presupuestario y no sobre las pensiones? Por un lado, el superávit actual del sistema parece hacer innecesario reformas. Esta falacia se funda en que el superávit actual se sustenta en factores excepcionales, como la extraordinaria creación de empleo, que en el futuro se verá condicionada por la evolución demográfica de España, y la llegada a la edad de jubilación de los colectivos menos numerosos de la Guerra Civil.

A esta aparente buena salud del sistema, se une la irresponsabilidad de los agentes sociales. Todos actúan como la cigarra en la fábula de la cigarra y la hormiga, entonando bellos cantos al sol pero olvidándose que también hay que comer mañana. Los políticos no quieren asumir el coste electoral de adoptar las medidas para asegurar la sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones. Los sindicatos priorizan el bienestar de los trabajadores actuales en detrimento de los trabajadores del futuro, demandando medidas que elevan el coste futuro de las pensiones. Y los empresarios, ante la aparente buena salud actual del sistema, demandan continuamente una rebaja de las cotizaciones sociales, olvidando la necesidad de "hacer de hormiguita".

El debate es ya inaplazable. La sostenibilidad del sistema público de pensiones requiere reformas importantes que contribuyan a reducir el gasto futuro. El aumento de la edad legal de jubilación más allá de los 65 años, aunque la efectiva es ligeramente superior a 63 años, y la ampliación del periodo de cálculo de la base reguladora de las pensiones, que contribuirá a reducir la pensión media, son medidas razonables. Es necesario que los agentes sociales olviden sus intereses particulares e iluminen el debate, comenzando por educar a la opinión pública. Es demasiado importante como para esperar.